New Law Regarding the Possibility or Qualifying Clients to Adjust Their Legal Status in the US
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció acciones para promover la unidad familiar en el proceso de inmigración, en consonancia con el compromiso de la Administración Biden-Harris de mantener las familias unidas. Este anuncio utiliza las autoridades existentes para promover la unidad familiar, pero solo el Congreso puede reformar sistemáticamente nuestro deficiente sistema de inmigración.
Según la ley actual, los no ciudadanos casados con un ciudadano estadounidense pueden solicitar la residencia permanente legal a través de su matrimonio con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, para solicitar la residencia permanente legal, muchos no ciudadanos primero deben salir de Estados Unidos y esperar a ser procesados en el extranjero para solicitar la residencia permanente legal, lo que resulta en un período prolongado, potencialmente indefinido, de separación de sus familiares ciudadanos estadounidenses y causa grandes dificultades a todos los involucrados. En consecuencia, estas familias viven con miedo y se enfrentan a una profunda incertidumbre sobre su futuro.
Para atender este desafío, el DHS establecerá un nuevo proceso para considerar, caso por caso, las solicitudes de permiso de permanencia temporal para ciertos cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses que han vivido en Estados Unidos durante 10 años o más; no representan una amenaza para la seguridad pública o la seguridad nacional; son elegibles para solicitar el ajuste de estatus; y ameritan un ejercicio favorable de la discreción. Si se les concede el permiso de permanencia temporal, estos no ciudadanos podrán solicitar la residencia permanente legal sin tener que salir de Estados Unidos. DHS estima que aproximadamente 500,000 cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses podrían ser elegibles para tener acceso a este proceso; en promedio, estos no ciudadanos han residido en Estados Unidos durante 23 años. Aproximadamente 50,000 hijos de estos cónyuges también serán elegibles bajo este proceso. Los no ciudadanos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública no serán elegibles para este proceso, según lo establecido en nuestras prioridades de aplicación de la ley de inmigración. Si un no ciudadano representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública, DHS lo detendrá, lo removerá o lo referirá a otras agencias federales para una mayor verificación, investigación o enjuiciamiento, según corresponda.
Las acciones de hoy se basan en medidas sin precedentes de la Administración Biden-Harris para fortalecer la unidad familiar, incluida la implementación de procesos de permisos de reunificación familiar para ciudadanos de Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador; actualizar y modernizar los procesos de permisos para la reunificación familiar cubana y haitiana; dirigir el Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar para reunir a casi 800 niños que habían sido separados con sus familias; y el establecimiento de procesos de permisos de permanencia temporal específicos para cada país para ciertos ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela (CHNV, por sus siglas en inglés) que tienen un partidario en EE. UU.
Elegibilidad y Proceso
Para ser considerado, caso por caso, para una concesión discrecional de permiso de permanencia temporal bajo este proceso, una persona debe:
Estar presente en Estados Unidos sin admisión ni permiso de permanencia temporal;
Haber estado presente continuamente en Estados Unidos durante al menos 10 años a partir del 17 de junio de 2024; y
Tener un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense a partir del 17 de junio de 2024.
Además, las personas no deben tener antecedentes penales que lo descualifiquen o de otra manera constituir una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública; y de otra manera deben merecer un ejercicio favorable de la discreción.
Los antecedentes penales que descualifican incluyen condenas penales que hacen que el individuo sea legalmente inelegible para el ajuste de estatus, así como condenas que no hacen que los no ciudadanos sean legalmente inelegibles para el ajuste de estatus, pero que, sin embargo, justifican su descualificación de este proceso en el ejercicio de la discreción.
Los hijos no ciudadanos de posibles solicitantes también pueden ser considerados para el permiso de permanencia temporal bajo este proceso si están físicamente presentes en Estados Unidos sin admisión o permiso de permanencia temporal y tienen una relación de hijastro cualificada con un ciudadano estadounidense a partir del 17 de junio de 2024.
Para ser considerado para el permiso de permanencia temporal, una persona deberá presentar un formulario ante USCIS junto con documentación de respaldo para demostrar que cumple con los requisitos y pagar una tarifa. Próximamente se publicará más información sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud, incluida una notificación, en el Registro Federal. USCIS rechazará cualquier presentación o solicitud individual recibida antes de la fecha en que comience el período de solicitud, a finales de este verano.
Al recibir una solicitud de permiso de permanencia temporal debidamente presentada, USCIS determinará caso por caso si se justifica la concesión de un permiso de permanencia temporal y si el solicitante merece un ejercicio favorable de discreción. Todas las solicitudes tomarán en consideración el historial de inmigración previo del solicitante potencial, los antecedentes penales, los resultados de las verificaciones de antecedentes y la investigación de seguridad nacional y seguridad pública, y cualquier otra información relevante disponible o solicitada por USCIS. USCIS cuenta con procesos sólidos para identificar y abordar posibles fraudes, que se aplicarán aquí para garantizar la integridad de este programa.
The Department of Homeland Security (DHS) announced actions to promote family unity in the immigration process, consistent with the Biden-Harris Administration’s commitment to keeping families together. This announcement utilizes existing authorities to promote family unity, but only Congress can fix our broken immigration system.
Under current law, noncitizens married to a U.S. citizen may apply for lawful permanent residence through their marriage to a U.S. citizen. However, to apply for lawful permanent residence, many noncitizens must first depart the United States and wait to be processed abroad, resulting in a prolonged, potentially indefinite, period of separation from their U.S. citizen family members and causing tremendous hardship to all concerned. Consequently, these families live in fear and face deep uncertainty about their future.
To address this challenge, DHS will establish a new process to consider, on a case-by-case basis, requests for certain noncitizen spouses of U.S. citizens who have lived in the United States for 10 years or more; do not pose a threat to public safety or national security; are otherwise eligible to apply for adjustment of status; and merit a favorable exercise of discretion. If eligible, these noncitizens will be able to apply for lawful permanent residence without having to leave the United States. DHS estimates that approximately 500,000 noncitizen spouses of U.S. citizens could be eligible to access this process; on average, these noncitizens have resided in the United States for 23 years. Approximately 50,000 children of these spouses also will be eligible for this process. Noncitizens who pose a threat to national security or public safety will not be eligible for this process, as aligned with our immigration enforcement priorities. If a noncitizen poses a threat to national security or public safety, DHS will detain, remove, or refer them to other federal agencies for further vetting, investigation, or prosecution as appropriate.
Today’s actions build on unprecedented steps by the Biden-Harris Administration to strengthen family unity including by implementing family reunification parole processes for nationals of Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, and Ecuador; updating and modernizing the Cuban and Haitian family reunification parole processes; leading the Family Reunification Task Force to reunify nearly 800 children with their families who were separated; and establishing country-specific parole processes for certain nationals of Cuba, Haiti, Nicaragua, and Venezuela (CHNV) who have a U.S.-based supporter.
Eligibility and Process
To be considered on a case-by-case basis for this process, an individual must:
Be present in the United States without admission or parole;
Have been continuously present in the United States for at least 10 years as of June 17, 2024; and
Have a legally valid marriage to a U.S. citizen as of June 17, 2024.
In addition, individuals must have no disqualifying criminal history or otherwise constitute a threat to national security or public safety (meaning certain crimes) and should otherwise merit a favorable exercise of discretion.
Noncitizen children of potential requestors may also be considered for parole under this process if they are physically present in the United States without admission or parole and have a qualifying stepchild relationship to a U.S. citizen as of June 17, 2024.
In order to be considered for parole, an individual will need to file a form with USCIS along with supporting documentation to show they meet the requirements and pay a fee. Further information regarding eligibility and the application process, including a notice in the Federal Register, will be published in the near term. USCIS will reject any filings or individual requests received before the date when the application period begins later this summer.
Upon receipt of a properly filed parole in place request USCIS will determine on a case-by-case basis whether a grant of parole is warranted and whether the applicant merits a favorable exercise of discretion. All requests will take into consideration the potential requestor’s previous immigration history, criminal history, the results of background checks and national security and public safety vetting, and any other relevant information available to or requested by USCIS. USCIS has strong processes in place to identify and address potential fraud, which will be applied here to ensure the integrity of this program.